La comisión de Justicia, que preside el legislador Juan Carlos Eguren, aprobó por mayoría, el proyecto de ley que regula la obligación de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas por parte de los funcionarios y servidores públicos, así como aquellos que administran, manejan y dispone fondos y bienes del Estado.
La iniciativa también incluye para aquellos que participen en la toma de decisiones que afectan el patrimonio de los mismos, independientemente del régimen bajo el cual laboren, contraten o se relacionen con el Estado, con el fin de conocer y posibilitar la evaluación de su situación patrimonial y financiera.
La norma dispone que los funcionarios a presentar sus declaraciones son el Presidente de la República y vicepresidentes, ministros de Estado, presidente del Poder Judicial, Congresistas de la República, así como los jefes de la SUNAT, OSCE, SUNARP, gobernadores entre otros.
Asimismo, los Vocales Supremos, Jueces Especializados o Mixto. También los miembros del fuero militar policial y miembros de los tribunales administrativos y funcionarios del servicio diplomático.
El proyecto plantea que la declaración jurada debe estar especificada y valorizada en el país y en el extranjero los ingresos, rentas, bienes, ahorros, inversiones, acreencias y pasivos, propios del obligado y comunes del matrimonio.
De igual forma, para la adecuación normativa, el Congreso de la República, los tres niveles de gobierno y los organismos constitucionales autónomos proceden en un plazo no mayor de ochenta días hábiles adecuar y homologar sus normas.
Juan Carlos Eguren, presidente del grupo de trabajo, dijo que la propuesta pretende reforzar el ejercicio del control gubernamental por parte de la Contraloría, como parte de estrategia de lucha contra la corrupción.
La congresista Rosa Mavila (AP-FA), dijo que uno de los principales hechos de corrupción que hay en la administración publica, corresponde a los servidores que hacen adjudicaciones deben hacer sus declaraciones jurada.
Por su parte, el congresista Pedro Spadaro, dijo que los servidores que ocupan jefaturas en los municipios sean incluidos en la presente norma.
Las parlamentarias Martha Chávez y Ana Maarìa Solòrzano, coincidieron en plantear que en el artículo 10 del texto sustitutorio se elimine a las persona jurídicas y naturales respecto al levantamiento del secreto bancario.
La comisión también aprobó, por mayoría, el proyecto de ley que propone ampliar los plazos de prescripción para los delitos de corrupción de funcionarios. (Jarvi)
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