En una primera investigación, el fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar ha establecido que dentro de la política de deshacinamiento de penales, implementada por el gobierno aprista, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia a cargo de Miguel Facundo Chinguel entre 2008 y 2010 rebajó las condenas de 14 cabecillas de mafias internacionales del narcotráfico que no reunían los requisitos para obtener ese beneficio, pero que accedieron a ella previo pago de US$240 mil.
“Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso”, dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas al que accedió El Comercio.
En la resolución del fiscal se confirman, además, las 25 visitas que hiciera Facundo Chinguel a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Alan García, el secretario general de la Presidencia de la República, Luis Nava Guibert, y el secretario del Consejo de Ministros, Julio Zavala Hernández, con el fin de dar trámite final a los indultos y conmutaciones de pena.
En la investigación preparatoria del Ministerio Público queda claro que la“política de deshacinamiento de penales” empezó luego de que el aprista Facundo Chinguel fuera elegido titular de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia, en enero del 2008.
“Bajo dicha política se procedió a realizar la contratación de personal con el cargo de ‘promotor’, ‘facilitador’ y ‘orientador’, cargos que no estaban previstos hasta la gestión de Facundo Chinguel, apreciándose que un gran número de ellos pertenecían al Apra o que estaban vinculados a dicho movimiento político”, dice el fiscal.
Trece de ellos, encabezados por Facundo Chinguel, fueron denunciados este lunes por el fiscal Delgado por cohecho (corrupción de funcionarios) y asociación ilícita para delinquir. Esto ocurrió dos meses después de que varios medios de comunicación, entre ellos El Comercio, denunciaran el caso.
Por tal motivo, la resolución fiscal indica que “en el marco de la ejecución de la política de deshacinamiento existió, dentro de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia (entre el 2008 y 2010), una estructura organizada destinada a cometer delitos”.
LA PLATA LLEGA SOLA
La investigación fiscal, por el momento, ha descubierto que los miembros de la comisión dirigida por Facundo Chinguel cobraron hasta US$ 240 mil por rebajar las penas de 14 cabecillas del narcotráfico, algunos integrantes de cárteles internacionales. Un nigeriano encabeza la lista de los presos que mayor cantidad de dinero pagaron por salir de prisión: Jude Uzoma Eneh (US$ 70 mil). A este le siguen los naturales de Surinam Ansah Owusu y Charles Tei Fleming (US$ 60 mil entre ambos) y los colombianos Ramiro Castro Mendoza y Henry Guzmán Ortiz (US$ 30 mil), entre otros peruanos y extranjeros.
También se investigó el caso de otros ocho narcotraficantes a los que se les ofreció la rebaja de su condena. Aquí se identificó el caso del peligroso narcotraficantes israelí Zeev Chen y del polaco Jacenty Maciej, a quienes les pidieron US$ 50 mil.
Esta valiosa información fue proporcionada por los colaboradores eficaces: N° 01-2013, 02-2013, 03-2013 y 04-2014 y por el ex recluso Carlos Butrón dos Santos ‘Brasil’. Este también tenía un proceso de colaboración eficaz en marcha, pero lo abandonó sorpresivamente luego de salir en televisión y dejar el país, informaron fuentes judiciales a este Diario.
Todos ellos rindieron su declaración ante el fiscal Delgado y su equipo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, creada hace menos de un año. Ellos sindicaron como el ‘cajero’ de Facundo al miembro del Partido Aprista Manuel Carrera Toribio, quien se encuentra en España. Otros cinco operadores identificados son: Dámaso Luyo Vicente, Freddy Vilela Mijahuanca, Renato Dávila Asin, Jaime Acevedo Saavedra, Fabiola Ojeda Julca y otros dos en el penal de Lurigancho. (Óscar Castilla). Inforegión
“Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso”, dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas al que accedió El Comercio.
En la resolución del fiscal se confirman, además, las 25 visitas que hiciera Facundo Chinguel a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Alan García, el secretario general de la Presidencia de la República, Luis Nava Guibert, y el secretario del Consejo de Ministros, Julio Zavala Hernández, con el fin de dar trámite final a los indultos y conmutaciones de pena.
En la investigación preparatoria del Ministerio Público queda claro que la“política de deshacinamiento de penales” empezó luego de que el aprista Facundo Chinguel fuera elegido titular de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia, en enero del 2008.
“Bajo dicha política se procedió a realizar la contratación de personal con el cargo de ‘promotor’, ‘facilitador’ y ‘orientador’, cargos que no estaban previstos hasta la gestión de Facundo Chinguel, apreciándose que un gran número de ellos pertenecían al Apra o que estaban vinculados a dicho movimiento político”, dice el fiscal.
Trece de ellos, encabezados por Facundo Chinguel, fueron denunciados este lunes por el fiscal Delgado por cohecho (corrupción de funcionarios) y asociación ilícita para delinquir. Esto ocurrió dos meses después de que varios medios de comunicación, entre ellos El Comercio, denunciaran el caso.
Por tal motivo, la resolución fiscal indica que “en el marco de la ejecución de la política de deshacinamiento existió, dentro de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia (entre el 2008 y 2010), una estructura organizada destinada a cometer delitos”.
LA PLATA LLEGA SOLA
La investigación fiscal, por el momento, ha descubierto que los miembros de la comisión dirigida por Facundo Chinguel cobraron hasta US$ 240 mil por rebajar las penas de 14 cabecillas del narcotráfico, algunos integrantes de cárteles internacionales. Un nigeriano encabeza la lista de los presos que mayor cantidad de dinero pagaron por salir de prisión: Jude Uzoma Eneh (US$ 70 mil). A este le siguen los naturales de Surinam Ansah Owusu y Charles Tei Fleming (US$ 60 mil entre ambos) y los colombianos Ramiro Castro Mendoza y Henry Guzmán Ortiz (US$ 30 mil), entre otros peruanos y extranjeros.
También se investigó el caso de otros ocho narcotraficantes a los que se les ofreció la rebaja de su condena. Aquí se identificó el caso del peligroso narcotraficantes israelí Zeev Chen y del polaco Jacenty Maciej, a quienes les pidieron US$ 50 mil.
Esta valiosa información fue proporcionada por los colaboradores eficaces: N° 01-2013, 02-2013, 03-2013 y 04-2014 y por el ex recluso Carlos Butrón dos Santos ‘Brasil’. Este también tenía un proceso de colaboración eficaz en marcha, pero lo abandonó sorpresivamente luego de salir en televisión y dejar el país, informaron fuentes judiciales a este Diario.
Todos ellos rindieron su declaración ante el fiscal Delgado y su equipo de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción, creada hace menos de un año. Ellos sindicaron como el ‘cajero’ de Facundo al miembro del Partido Aprista Manuel Carrera Toribio, quien se encuentra en España. Otros cinco operadores identificados son: Dámaso Luyo Vicente, Freddy Vilela Mijahuanca, Renato Dávila Asin, Jaime Acevedo Saavedra, Fabiola Ojeda Julca y otros dos en el penal de Lurigancho. (Óscar Castilla). Inforegión
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