La Asociación Nacional de
Periodistas del Perú, expresa, una vez más, su preocupación, malestar y
enérgica protesta por la actuación equivocada de efectivos de la Policía
Nacional del Perú, así como de sujetos civiles, infiltrados entre los
manifestantes durante las protestas que se vienen dando en la ciudad de
Cajamarca, los mismos que han hecho de la agresión alevosa un medio prepotente
para tratar de silenciar a los periodistas, que se encuentran en esa localidad
cumpliendo con su deber de comunicadores sociales.
Lo ocurrido el reciente 26 del
actual, cuando un grupo de desconocidos atacó a los trabajadores y luego
dañaron las antenas de Canal N y la unidad móvil de Canal ATV, constituye una
demostración de la conducta demencial de elementos al margen de la ley, que
cumplen consignas para evitar que la ciudadanía tome conocimiento de aquellos
sucesos que son de interés público.
De la misma manera lo
acontecido el pasado 14 de junio, en la Plaza La Recoleta de Cajamarca, cuando
personal uniformado y armado agredió físicamente y dañó los equipos de
filmación de los periodistas Alejandro Huamán Aguirre, Edwin Lozano Hernández y
Karina Aliaga, es otra prueba más de una situación que se va agravando, debido
a la intervención de funcionarios que deben estar al servicio de la sociedad y
que están en el deber de respetar el derecho a la información de los
ciudadanos, tal como ocurre en toda colectividad civilizada.
El despojo de material
informativo y equipos técnicos, pero sobre todo la violencia inusitada con que
se ataca a los periodistas, constituyen la violación de los derechos más
fundamentales de la sociedad y, por lo tanto, demanda la inmediata intervención
del jefe del Estado, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo para
poner coto a hechos que son una vergüenza para el país.
En tal sentido, la ANP hace
una invocación al Poder Ejecutivo para que actúe dentro de las facultades que
le permite la ley y de ninguna manera permitiendo que el personal a su cargo
ataque a los periodistas con evidente premeditación y amparados por órdenes que
es posible que emanen de las autoridades superiores. Igualmente le hace recordar
a los funcionarios del Ministerio del Interior que todo esfuerzo de diálogo no
podrá encaminarse en forma racional, cuando existen elementos que hacen de la
violencia el instrumento para acallar a la prensa independiente.
Lima, 27 de junio de 2012
Roberto Mejía Alarcón (Presidente)
Zuliana Lainez Otero (Secretaria
General)
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