El Día Mundial del Medio Ambiente que se observa cada 5 de junio
encuentra a las Naciones Unidas en vísperas de la cumbre Río+20, donde
la “economía verde” dividirá aguas entre las potencias desarrolladas y
los países en desarrollo.
La jornada ambientalista del 5 de junio fue establecida por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1972, cuando se dio inicio a la
primera cumbre ambiental, la Conferencia de Estocolmo.
“La transición hacia la economía verde creará nuevos empleos que,
con el tiempo, rebasarán las pérdidas en los puestos de trabajo en la
`economía contaminadora`, en particular en los sectores de la
agricultura, la construcción, la energía, la silvicultura y el
transporte”, dice Naciones Unidas en la página oficial de Río+20.
El contenido causa preocupación en gobiernos de países en
desarrollo, como Argentina, que consideran que los súper desarrollados
impondrán una certificación de mercancías producidas con bajo impacto
ambiental, con una eventual restricción al comercio.
Pero también es cuestionado por los ambientalistas, que sostienen
que la ONU se apropió del color ligado al cuidado ambiental, para
“enverdecer” la misma economía que establece desigualdad social y
depreda los recursos naturales en favor de un sistema consumista.
Es que, unido con “Economía Verde”, está la categoría de `Gobernanza
Ambiental`, ya que evidentemente se necesitaría una agencia ambiental
global que fiscalice qué país cumple o no con esos parámetros”,
En contraposición, “Argentina y otros países creen que se debe
fortalecer la Asamblea de Naciones Unidas a través de un Consejo de
desarrollo sustentable, que dependa directamente de los 193 países y
sea un foro de debate político para ir logrando consenso”, contó la
funcionaria.
Révora, quien viajará a Río de Janeiro para la cumbre que se
desarrollará entre los próximos 20 y 22, afirmó que “el órgano
ambiental PNUMA sostiene que los países están susceptibles”, por lo
cual realizó una reunión en Costa Rica para explicar qué es la Economía
Verde, cuando “el problema pasa por imposiciones que se traducen en
barreras arancelarias a nivel del comercio”.
Otros enfoques se expresarán a través de países como Ecuador, que
tiene previsto proponer “el establecimiento de un nuevo orden económico
internacional y una nueva arquitectura financiera”, según declaraciones
al matutino ecuatoriano El Diario, de la ministra coordinadora de
Patrimonio, María Fernanda Espinosa.
Ecuador pretende impulsar en Río+20 la
declaración universal de los derechos de la naturaleza, tal como consta
en la Constitución ecuatoriana, y que consagra el derecho a existir, a
garantizar los ciclos ecológicos de mantenimiento y reproducción, y la
reparación de los años ambientales.
Ecuador impulsa la aplicación de impuestos a las transacciones
financieras internacionales y pide que las economías desarrolladas
paguen una carga por la compra de petróleo, además de que se dé una
compensación económica a las naciones que reduzcan emisiones de dióxido
de carbono, que producen el calentamiento global.
El concepto de “economía verde” enfrenta críticas también por parte
de integrantes de la sociedad civil que intervendrán en la Cumbre de
los Pueblos, que se realizará en Río de Janeiro entre el 15 y el 23 de
junio.
En un texto, los organizadores del encuentro afirman que las
propuestas en negociación sobre el cambio del modelo de desarrollo
-como la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía
renovables- sencillamente alimentan “el mito de que es posible el
crecimiento económico infinito”.
La conciencia social acerca de la necesidad de una cultura de la
“sobriedad” opuesta al consumismo de los recursos naturales parece ser
el principal capital ambiental en este Día Mundial del Ambiente. (Imforegión)
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