La Asociación Nacional de Periodistas del Perú se ve en el
deber gremial de exigir de parte de quienes tienen responsabilidad política en
la administración del Estado, el mejor cumplimiento de los deberes que le atañen
para respetar y hacer respetar el derecho ciudadano a la libertad de prensa, hoy
afectada lamentablemente por hechos cada vez mas violentos en diferentes
regiones del país, particularmente en localidades como Cajamarca y
Espinar.La ANP observa con preocupación la actuación desatinada e irresponsable de funcionarios públicos y de civiles e inclusive profesionales de la comunicación, vinculados al gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal de dichas provincias y en otras cercanas, en las que se agrede innecesariamente a los periodistas con el propósito de silenciarlos y, de esa manera, profundizar la repudiable actitud de la cultura del secretismo, hoy en día arraigada y más visible en nuestro medio. La prepotencia de personal uniformado, el despojo de material informativo y equipos técnicos, al mismo tiempo que la utilización de espacios de radio y televisión, así lo acreditan.
En estas circunstancias la ANP le hace recordar a quienes están incumpliendo con el deber de cautelar el derecho a la información de interés público, que todos estos actos están cimentando condiciones inaceptables para el ejercicio de la profesión periodística, cuya elevada misión no es otra que la de informar con la verdad, para que la ciudadanía pueda formarse juicios valederos sobre la realidad nacional. No hay otra manera en la vida social de las personas y de los pueblos para que la democracia pueda desarrollarse y fortalecerse.
Lo ocurrido en Espinar con el periodista Victoriano Noa Inca, secuestrado y golpeado por aproximadamente treinta personas, y en Cajamarca con los periodistas Karina Aliaga, enviada especial de Andina de Radiodifusión (ATV), de Lima, Fernando Lino, periodista de Willax TV, Alejandro Huamán Aguirre, de TV Norte, Edwin Lozano, corresponsal de Frecuencia Latina, Aleida Dávila Montes, editora general del diario El Cajacho y conductora del programa Tele Noticias y Oscar Lino Peralta, gerente de radio Onda Popular, en Hualgayoc, Bambamarca, todos ellos agraviados en su condición de comunicadores sociales, representa a juicio de la ANP un grave retroceso que hace daño a la vida cívica del país.
Por tal razón, invocamos también al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para que salgan de su letargo en este aspecto y hagan cumplir las normas previstas en el Estado de Derecho. Asimismo, la ANP hace un llamado a las instituciones que conocen de la vital importancia que tiene la libertad de prensa en un país como el nuestro, para que participen activamente en la protección y defensa de la libertad de prensa.
Relatos de Monos
Libro Raices de Bagua
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